El jueves marcó el cierre definitivo del Registro de la Propiedad del Automotor ubicado en Pellegrini 1026, conocido históricamente como “San Pedro 1”. Tras casi cuatro décadas de actividad, este centro administrativo dejó de recibir nuevos trámites, limitando su actividad a la entrega exclusiva de documentos ya procesados. La mañana del viernes mostró un panorama atípico: no se registraron nuevas inscripciones ni transferencias, solo la devolución de papeles a quienes ya habían completado sus gestiones. El cierre no fue una sorpresa para quienes trabajan en el sector. La implementación de un sistema digital impulsado por el Gobierno Nacional había anticipado una transformación profunda en los procesos. En consecuencia, los empleados del Registro Pellegrini fueron informados con anticipación y recibieron la correspondiente indemnización por el cese de sus funciones. Según fuentes oficiales, en un plazo aproximado de quince días se espera la reapertura del Registro, esta vez bajo la administración directa de la Dirección Nacional dependiente del Ministerio de Justicia. Sin embargo, no hay confirmaciones sobre si este nuevo organismo dará continuidad a todos los trámites pendientes o limitará su operación a determinados casos. Mientras tanto, los usuarios deben acudir al Registro “San Pedro 2”, ubicado en Mitre 1450 y a cargo de Ignacio Cottini. Allí, las gestiones están restringidas a vehículos 0 km y transferencias de patentes pares, dejando en espera los trámites de patentes impares y motocicletas, que quedarán en pausa hasta que se reactive el “San Pedro 1”. Queda además la incógnita respecto a los trámites iniciados en Pellegrini y aún no concluidos, que deberán esperar la reapertura para poder continuar. Este cambio representa un desafío para quienes dependen de estos servicios, poniendo a prueba la capacidad del sistema para adaptarse a la digitalización sin perjudicar a los usuarios ni a los empleados afectados. Opinión: La clausura temporal del Registro Pellegrini refleja una transición inevitable hacia la modernización de los procesos públicos. No obstante, la falta de claridad en los procedimientos intermedios puede generar demoras y confusión en los ciudadanos, un riesgo que las autoridades deberán mitigar con planificación y comunicación eficaz. Diario NORTE HOY