El destino político de Cristina Fernández de Kirchner podría definirse en cuestión de días. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se encamina a ratificar la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad y, con ello, su inhabilitación para ejercer cargos públicos. En los pasillos del Palacio de Tribunales, la expectativa es que el fallo llegue antes de julio, lo que pondría en jaque su reciente candidatura en la provincia de Buenos Aires. La clave del desenlace está en manos de un solo hombre: el juez Carlos Rosenkrantz. Mientras Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti ya tendrían decidido convalidar la condena, Rosenkrantz evalúa si el caso merece una sentencia inmediata o si debe abrirse al debate judicial, lo que dilataría una resolución al menos hasta 2026. El artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial podría ser la vía rápida: permite rechazar el recurso extraordinario de la defensa sin estudiar su contenido, al considerar que no hay agravio federal suficiente. Esta herramienta ya fue usada en casos resonantes, como el de Milagro Sala, y sería ahora aplicada a la expresidenta. La jugada de Cristina fue anticiparse: se inscribió como precandidata en la Tercera Sección electoral bonaerense con la esperanza de obtener fueros antes de una posible sentencia. Sin embargo, el cierre de listas en la provincia es en julio, y la oficialización —a cargo de la jueza María Servini— podría llegar demasiado tarde si la Corte se pronuncia en las próximas semanas. Dentro del tribunal hay consenso en dejar firme la condena sin ampliar la pena a 12 años, como había solicitado el Ministerio Público. La diferencia entre los jueces radica en el momento y la forma: Lorenzetti y Rosatti creen que debe resolverse cuanto antes, mientras que Rosenkrantz pretende una sentencia extensa y fundamentada, en consideración de la relevancia institucional del caso. El trasfondo político es evidente. Desde el oficialismo observan con atención: una condena firme a Cristina ordenaría el tablero y reduciría la polarización que hoy favorece al presidente Javier Milei. La estrategia kirchnerista se orienta a sostener la candidatura de Cristina como un símbolo frente al oficialismo, incluso sabiendo que podría ser jurídicamente inviable. La condena firme no solo contempla prisión efectiva, sino también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Aun con su inscripción en el ámbito provincial, esa sanción alcanza a todo el territorio nacional, y ningún tribunal local podría desoír un fallo de la Corte Suprema de la Nación. El margen para especulaciones se achica. Si el fallo llega antes de que Cristina sea oficialmente candidata, no podrá asumir ningún cargo. Si se posterga y ella logra ingresar en la boleta bonaerense, activaría los fueros, y todo quedaría en suspenso hasta nuevo aviso. Por eso, en el entorno judicial, crece la presión para que la Corte actúe ya. Una fuente de la Corte sintetizó el dilema: “Si Cristina accede a los fueros antes del fallo, el costo institucional sería enorme. Sería un nuevo episodio donde la política logra correr el eje de la Justicia”. La última palabra la tiene Rosenkrantz. Y su voto puede marcar un punto de inflexión histórico. Redacción de Diario NORTE HOY – www.nortehoy.com.ar Opinión pública razonada: En sectores judiciales y académicos, se discute ya no solo el destino penal de Cristina Kirchner, sino la necesidad de que la Corte acelere los tiempos en causas de alta trascendencia institucional. Un fallo claro y rápido fortalecería la credibilidad del sistema judicial, mientras que una dilación —aunque legalmente fundada— podría ser vista como funcional a intereses políticos coyunturales. El impacto sobre el equilibrio de poderes es, sin duda, tan fuerte como la sentencia misma.