Imputan a profesora de San Pedro por grooming agravado tras ratificación de denuncia de alumno La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 15 de San Nicolás, especializada en delitos informáticos y contra la integridad sexual de menores, imputó formalmente a una docente de San Pedro acusada de grooming agravado contra un alumno de 15 años. La decisión fue tomada por el fiscal Jorge Leveratto tras la ratificación de la denuncia por parte del joven, quien ya cumplió 16 años, durante su declaración judicial. La investigación comenzó en abril último, a partir de una denuncia presentada por la madre del adolescente, quien alertó sobre el envío de mensajes y material de contenido sexual por parte de la profesora suplente, así como conversaciones inapropiadas con el menor. La causa, inicialmente en manos de la fiscalía local, fue derivada a la UFI N° 15 por su especialización en grooming y pornografía infantil. El fiscal ordenó allanamientos en el domicilio de la acusada con la colaboración de Prefectura Naval Argentina, debido a un posible vínculo familiar con la fuerza de seguridad. Si bien no se encontraron los celulares involucrados, se secuestraron las cajas originales con números de IMEI, considerados elementos de prueba para vincular a la docente con las líneas telefónicas usadas. Además, la Justicia dictó medidas cautelares para prohibir a la imputada acercarse o contactar al menor. Se activaron protocolos de protección y se involucró al servicio local de niñez y adolescencia. Fuentes vinculadas al caso confirmaron que la profesora, que también trabajaba en otros colegios, renunció a sus cargos antes de la formalización de la denuncia, presuntamente al conocer el avance de la investigación. La Fiscalía solicitó a la Jefatura Distrital de Educación información sobre las medidas administrativas tomadas en relación con la docente. La figura de "grooming agravado" contempla la captación de menores por medios tecnológicos con fines sexuales y se agrava cuando el acusado es educador, con penas que pueden alcanzar los cinco años de prisión. Opinión pública Este caso pone en evidencia la creciente necesidad de reforzar los protocolos de protección en el ámbito escolar y de mejorar los mecanismos de control sobre el uso de tecnologías por parte de los docentes. La rápida intervención judicial y administrativa es clave para resguardar la integridad de los menores y enviar un mensaje contundente sobre la tolerancia cero frente a estos delitos. Diario NORTE HOY