Un nuevo capítulo en la tensa relación entre los mandatarios provinciales y el Gobierno de Javier Milei se abre por más de $2,3 billones retenidos que impactan directamente en el ajuste fiscal. Los gobernadores, representantes de distintas fuerzas políticas, presentaron un documento ante el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, donde denuncian la retención y no distribución de fondos clave para las provincias. Calculan que el ajuste fiscal incorpora $2,3 billones que provienen de la retención de recursos vinculados al impuesto a los Combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Según los datos provinciales, en los últimos 18 meses la Nación recortó más de $30 billones en transferencias no automáticas, fondos fiduciarios y recursos de coparticipación. Este monto equivale al 4,25% del Producto Bruto Interno (PBI), generando un impacto directo en las finanzas territoriales y en la ejecución de obras públicas. Entre los puntos más críticos se encuentran los fondos afectados al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que dejaron de recibir $553.520 millones, y los fondos fiduciarios para obras hídricas y viales que suman $1,2 billones a valores actuales. "El Gobierno Nacional se apropió de estos recursos esenciales para el desarrollo provincial", señalaron en el documento. En respuesta, los gobernadores impulsan en el Congreso un proyecto de ley que propone modificar la distribución del impuesto a los combustibles, de modo que un tercio de lo recaudado pase a coparticiparse entre las provincias (incrementando del actual 26% al 58%). Además, buscan eliminar los ATN, que actualmente representan un 1% de la masa coparticipable, y redistribuir ese porcentaje directamente a las provincias según coeficientes preestablecidos. Esta iniciativa busca corregir un esquema tributario considerado "distorsivo, regresivo y profundamente injusto", tal como lo definió Ignacio Torres, gobernador de Chubut. Por su parte, Gabriel Katopodis, ministro bonaerense de Infraestructura, fue contundente y presentó un reclamo judicial para exigir explicaciones sobre más de $1,2 billones que deberían haberse destinado a obras de infraestructura y que permanecen retenidos. El impacto de estos recursos retenidos es fundamental para el ajuste fiscal que Milei impulsa en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los cambios en el impuesto a los combustibles representarían un recorte de hasta el 0,25% del PBI en ingresos para la Nación, afectando la meta de superávit primario del 1,6% que el Gobierno se comprometió a alcanzar. En este contexto, el reclamo provincial se presenta no solo como una disputa política, sino como una pulseada crucial por la autonomía financiera y la ejecución de obras que impactan en la vida cotidiana de millones de argentinos. NORTE HOY Opinión pública: La controversia expuesta refleja una profunda tensión fiscal entre Nación y provincias, que podría abrir un debate indispensable sobre la transparencia y equidad en la distribución de recursos. Si la iniciativa prospera, podría redefinir el esquema tributario federal y limitar el margen de maniobra del ajuste económico que impulsa Milei.