El Gobierno reasigna las 306 casas del Procrear en San Nicolás a las fuerzas federales La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que las viviendas inconclusas del programa Procrear ubicadas en San Nicolás serán destinadas exclusivamente a agentes de las fuerzas federales, en lugar de entregarse a familias de la ciudad. El complejo, que consta de 306 unidades habitacionales en un predio cercano al barrio Ayres del Sur, integra un plan de reasignación nacional de inmuebles estatales, que contempla priorizar el acceso a la vivienda para el personal de seguridad. “Tenemos una distribución geográfica que iremos comunicando a medida que se completen los proyectos”, explicó Bullrich, mencionando además localidades como Ezeiza, Morón, San Martín, San Miguel y Avellaneda. El Programa Procrear, creado en 2012 para facilitar el acceso a la vivienda, fue dado de baja recientemente por el Gobierno nacional. Actualmente quedan aproximadamente 17.000 viviendas sin finalizar ni asignar que serán subastadas o redestinadas, como es el caso de San Nicolás. En los casos donde ya existían créditos activos, el Ejecutivo aseguró el respeto a los compromisos asumidos. La construcción en San Nicolás comenzó en abril de 2023 durante la gestión de Alberto Fernández, con la participación de las empresas Epreco SRL y Sanimat SA. En su momento, se estimaban 383 empleos directos y más de 500 indirectos. Sin embargo, desde diciembre de ese año la obra sufrió un marcado retroceso en su avance, llegando a paralizarse por completo en febrero de 2024, con solo 31 trabajadores activos hasta ese momento. Esta paralización forma parte de un fenómeno generalizado de obras públicas detenidas a nivel nacional. El cambio de rumbo en el uso de estas viviendas se enmarca en una revisión de fondos fiduciarios impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, otros programas y fondos como Foncap, el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Progresar y el Fondo de Protección Ambiental ya fueron cerrados. Estas reformas se basan en el artículo 5 de la Ley Bases, que autoriza al Ejecutivo a modificar o eliminar fondos fiduciarios. Mediante el decreto 215/24, el presidente Milei otorgó al ministro Luis Caputo el control de estos recursos, con el compromiso de realizar una auditoría conjunta con la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Esta medida genera preocupación en sectores sociales que esperaban el acceso a estas viviendas, mientras que el Gobierno argumenta la prioridad en garantizar condiciones habitacionales para quienes integran las fuerzas de seguridad. Diario NORTE HOY