Los empresarios responsables de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, actualmente investigados por la producción de fentanilo contaminado que causó al menos 52 muertes en el país, habían comenzado a construir una planta farmacéutica en Ciudad del Este, Paraguay. El proyecto incluía maquinaria adquirida a China mediante el régimen SIRA, autorizado por el anterior gobierno argentino, y fue interrumpido tras el escándalo. La novedad impacta de lleno en la causa judicial encabezada por el juez federal Ernesto Kreplak, quien acaba de incorporar a la investigación una denuncia anónima por narcotráfico que había sido presentada ante la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). La misma había sido girada desde una fiscalía de Rosario antes de que se conocieran las muertes vinculadas al uso de fentanilo en mal estado. En el escrito se afirmaba que HLB Pharma vendía droga de forma encubierta. La información fue evaluada por los organismos judiciales y, tras los recientes hechos de público conocimiento, fue anexada formalmente al expediente madre por la muerte de decenas de personas. La vinculación de los empresarios con la región de la Triple Frontera reavivó sospechas históricas sobre el rol de esa zona en el tráfico de sustancias ilícitas. La trama paraguaya Según se pudo reconstruir, los hermanos Ariel, Diego y Damián García Furfaro —propietarios de ambas farmacéuticas— avanzaban con el armado de una nueva unidad productiva en Ciudad del Este. La zona es considerada de alto riesgo geopolítico por su cercanía con redes de contrabando, tráfico de drogas y financiamiento al terrorismo. El nuevo laboratorio se montaba con equipos industriales provenientes de China, ingresados a la Argentina a través del régimen SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), que les permitió adquirir tecnología a precio oficial durante la gestión de Alberto Fernández. Esa maniobra también está bajo investigación de la justicia penal económica, por sospechas de delitos vinculados a la administración de divisas y contrabando encubierto. Las instalaciones, según confirmaron fuentes judiciales, están casi listas. Sin embargo, la puesta en marcha de la planta se detuvo cuando estalló el escándalo por el fentanilo. El juez Kreplak evalúa si la expansión regional de estas firmas era parte de un entramado mayor vinculado al narcotráfico. Desde NORTE HOY se pudo saber que tanto en San Isidro como en el Parque Industrial Comirsa, donde operan actualmente HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, también se están realizando nuevas inspecciones judiciales. Un caso que crece en gravedad El expediente por fentanilo contaminado parecía inicialmente circunscripto a un posible caso de negligencia industrial, pero la suma de elementos comprometedores —entre ellos, la radicación del nuevo laboratorio en un área crítica como Ciudad del Este— lo convirtió en una investigación federal compleja, que ahora involucra importaciones, lavado de dinero y presunto narcotráfico internacional. La causa amenaza con transformarse en un escándalo de dimensiones regionales, con implicancias políticas y diplomáticas. Mientras tanto, familiares de las víctimas reclaman justicia y exigen explicaciones sobre cómo un producto contaminado logró ser distribuido a gran escala en hospitales y farmacias. Diario NORTE HOY. Opinión pública Especialistas en seguridad regional advierten que, de confirmarse el nexo entre los laboratorios y redes narco en la Triple Frontera, estaríamos ante un caso paradigmático de cómo el sistema farmacéutico puede ser usado como fachada para actividades ilícitas. La debilidad de los controles estatales en la importación de tecnología y la ausencia de trazabilidad real en los insumos médicos, son terreno fértil para operaciones de gran escala, como la que se investiga ahora.