Los prestadores de servicios para personas con discapacidad de San Nicolás alertan sobre una crisis profunda que pone en jaque la continuidad de terapias esenciales y los derechos de quienes requieren atención especializada. La Cámara de Diputados aprobó recientemente la media sanción a un proyecto que declara la emergencia en discapacidad hasta 2027, pero su tratamiento en el Senado se encuentra estancado, mientras el oficialismo nacional anticipa un posible veto. “Si no se toman medidas urgentes, el sistema colapsa y con él, miles de proyectos de vida quedan a la deriva”, advirtieron los referentes locales, que convocan a una concentración este miércoles en el Congreso para exigir la pronta sanción de la ley. Una ley que busca sostener un sistema en crisis El proyecto establece la regularización de pagos atrasados a prestadores, la actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, y una reforma integral del sistema de pensiones no contributivas. Además, incluye el fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la reafirmación del cumplimiento del cupo laboral del 4% en el sector público. Entre los puntos clave, se destaca la exigencia del pago puntual por parte de obras sociales, ya que algunos prestadores denuncian retrasos de hasta 120 días que afectan la viabilidad de sus servicios. También reclaman la actualización del nomenclador, que no recibe ajustes desde diciembre de 2024, situación que agrava la crisis. Rechazo oficial y tensiones políticas Desde el Gobierno nacional, a través de ANDIS y voceros oficiales, se calificó el proyecto como una iniciativa “regresiva y asistencialista”, que no contempla los estándares internacionales de inclusión y que implicaría un aumento insostenible del gasto público. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue tajante: “No existen los recursos para aprobar una ley así, y si lo hacen, el Ejecutivo la va a vetar”. Este rechazo abre una fuerte controversia sobre el futuro del sistema de discapacidad en Argentina, en medio de una creciente demanda de atención y servicios que requieren urgente financiamiento y actualización. El impacto en las personas y sus familias Para miles de personas con discapacidad y sus familias, la falta de resolución pone en riesgo no sólo el acceso a terapias fundamentales, sino también la posibilidad de proyectos de vida dignos y autónomos. Los prestadores advierten que la ausencia de políticas claras y recursos adecuados podría derivar en un colapso del sistema. Convocatoria a la sociedad La concentración del miércoles en el Congreso será un punto clave para visibilizar esta problemática y exigir a los senadores que garanticen la continuidad y mejora del sistema de discapacidad. Opinión pública: La falta de consenso entre el oficialismo y la oposición, junto con las limitaciones presupuestarias, reflejan la complejidad política y social que atraviesa la discapacidad en Argentina. Sin embargo, postergar la emergencia significa profundizar la vulnerabilidad de un sector que necesita respuestas inmediatas y efectivas. La presión ciudadana y el compromiso legislativo serán decisivos en las próximas semanas. Diario NORTE HOY