Florencia Albarracín, pareja del trabajador despedido del campo de Rudy Ulloa, asegura que le impusieron una restricción de acercamiento sin ser notificada oficialmente. Denuncia amenazas del empresario y el bloqueo para ver a sus hijos, mientras siguen las tensiones en el predio de ruta 191. La mujer de Martín Balbuena, excuidador del establecimiento rural conocido como El Sueño — propiedad del empresario y exchofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa — expresó públicamente su preocupación por la situación que atraviesa tras la reciente imposición de una perimetral en su contra. Según relató Florencia Albarracín en el programa Sin Galera, la restricción fue informada únicamente de forma verbal y nunca mediante una notificación judicial formal. La medida le impide acercarse al campo ubicado en las inmediaciones de la ruta 191, aunque Albarracín asegura que no se le explicó ni fundamentó debidamente. "El señor Ulloa nos amenazó, nos dijo que el comisario era muy amigo de él", sostuvo la mujer, evidenciando la presión y temor que enfrenta desde que denunciaron al empresario por amenazas luego de que él los dejara en la calle sin previo aviso. La pareja de trabajadores rurales denunció que fueron despedidos arbitrariamente y que desde entonces sufren hostigamiento y bloqueos que les impiden mantener contacto con sus hijos, quienes permanecen en el predio. "Ahora estoy en la casa de mi mamá, pero mis hijos y mi marido quedaron en el campo", afirmó Albarracín, quien además mencionó que desde la Comisaría de la Mujer le recomendaron no acercarse al establecimiento para evitar complicaciones legales o enfrentamientos. Este conflicto se suma a otros antecedentes polémicos vinculados a Ulloa, quien adquirió el campo en 2009, y cuya administración estuvo marcada por denuncias de irregularidades, incluyendo el caso del cuidador Osvaldo Piñeiro, fallecido en 2020, cuya indemnización nunca fue abonada a su familia. El caso mantiene en alerta a la comunidad y a organismos de derechos laborales y sociales, que exigen mayor claridad en el accionar judicial y protección para los trabajadores y sus familias. Redacción del Diario NORTE HOY Opinión pública: La ausencia de una notificación formal para una medida tan grave como una perimetral genera preocupación sobre el respeto al debido proceso. Además, las denuncias por amenazas y presiones políticas sobre autoridades locales, si se confirman, podrían poner en evidencia un uso indebido del poder para amedrentar a trabajadores vulnerables.