En un episodio que conmociona a San Nicolás y pone en jaque la responsabilidad institucional, una niña de 6 años con dificultades emocionales fue víctima de un severo acto de violencia dentro de la Escuela de Educación Especial 503. Según la denuncia presentada ante Fiscalía, la docente y asistente social Gabriela Bulfón tomó a la menor del brazo, gritándole y arrastrándola por el piso en un momento de crisis emocional de la niña. Testigos presenciales, tres docentes del establecimiento, confirmaron ante la Justicia lo sucedido, asegurando la veracidad del relato de la madre de la menor, Roxana Abigaíl Andino. Según una de las docentes, "cuando vi lo que ocurría, saqué a K del aula para protegerla, no podía creer lo que estaba pasando". El impacto no solo radica en la violencia misma, sino en la tardanza de la respuesta oficial. A pesar de que las autoridades educativas, incluyendo a las inspectoras Virginia Vivas, Cecilia Jure y Daniela Ramos, y la directora Claudia Paganelli, tuvieron conocimiento inmediato del caso, la docente acusada permaneció en funciones durante seis meses. Fue apenas tres días después de que Roxana presentara la denuncia formal en Fiscalía que se resolvió apartar a Bulfón del cargo, bajo el artículo 139 del Estatuto del Docente. La familia de la menor cuestiona la actitud pasiva y la falta de transparencia de las autoridades escolares. Roxana contó que cuando fue convocada a una reunión con las inspectoras y la directora, su hija rompió en llanto al recordar la agresión. Sin embargo, nunca recibió explicaciones claras sobre por qué se ocultó el hecho durante tanto tiempo. Además, existe la sospecha fundada de que la demora para actuar estuvo vinculada a que la docente denunciada es esposa de un funcionario provincial de relevancia, lo que generó un presunto intento de encubrimiento y protección institucional. Este episodio expone una falla grave en la protección de los derechos de los niños con necesidades especiales y llama a la reflexión sobre la obligación ética y legal de quienes están a cargo de garantizar un ambiente seguro en las escuelas. El fiscal Darío Giagnorio lleva adelante la investigación, mientras la comunidad educativa y vecinos esperan una respuesta contundente que evite que hechos similares se repitan. NORTE HOY Opinión pública: Este caso evidencia la urgente necesidad de reformar los mecanismos de control y denuncia dentro del sistema educativo, especialmente en escuelas que atienden a menores con vulnerabilidades. La demora en tomar medidas no solo agrava el daño sufrido por la niña, sino que pone en riesgo a otros alumnos. La transparencia y la justicia deben prevalecer sin importar las vinculaciones políticas, para recuperar la confianza de la comunidad. Redacción del Diario NORTE HOY