NORTE HOY  El sistema de fotomultas previsto para comenzar a operar en San Pedro se encuentra envuelto en un complejo escenario judicial que tiene como protagonista al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y a la empresa Cecaitra, adjudicataria en múltiples municipios, incluida esta ciudad. La investigación es liderada por el fiscal Álvaro Garganta y pone el foco en un presunto esquema de recaudación montado a partir de infracciones de tránsito. Según la causa, un grupo de funcionarios habría actuado en conjunto con particulares, facilitando “gestiones” para reducir un 50% el monto de las multas, sin que gran parte de lo recaudado ingresara a los organismos correspondientes. Las sospechas incluyen al propio D’Onofrio, señalado por su supuesto favorecimiento a Cecaitra, una cámara empresarial que desde enero de 2022 opera 155 cinemómetros en distintos puntos del territorio bonaerense. En paralelo, se cuestiona la legalidad del equipamiento y la validez de los contratos celebrados con universidades, en lugar de haberse convocado a licitaciones públicas. En San Pedro, el sistema todavía no fue puesto en marcha, pero desde el Ejecutivo municipal aseguran que la continuidad del contrato con Cecaitra no corre riesgo. Así lo manifestaron ante los concejales locales, pese a las crecientes dudas por la falta de claridad en las certificaciones técnicas de los dispositivos, que dependen del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La causa, que ya incluye a 16 imputados, derivó en múltiples allanamientos: en la sede central de Cecaitra, en el domicilio particular de su presidente Bernardino Antonio García, y en la Universidad Tecnológica Nacional, señalada como intermediaria en los convenios. Uno de los nombres que genera mayor atención es el del juez de faltas platense Mario Quattrocchi, imputado por fraude contra la administración pública. Las sospechas lo vinculan con frecuentes viajes al exterior junto a la concejala de Pilar, Claudia Pombo, una dirigente cercana a D’Onofrio, también mencionada en la causa. www.nortehoy.com.ar Ambos estarían involucrados en el gerenciamiento de dos locales gastronómicos en Málaga, España, según documentación aportada desde el extranjero. Esto refuerza la hipótesis de maniobras de lavado o desvío de fondos generados a través de los sistemas de control vial. Además del esquema vinculado a las fotomultas, la Justicia investiga a D’Onofrio por supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) a la firma Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., empresa que habría cobrado comisiones desproporcionadas por cada turno emitido. Una derivación directa de la causa podría impactar en los municipios: si se confirma que los cinemómetros no cumplían con los requisitos legales, las multas emitidas podrían ser anuladas e incluso podría iniciarse la devolución de lo recaudado. Por otro lado, se investiga si en al menos once distritos se utilizaron convenios simulados con universidades públicas para evitar licitaciones, lo que agravaría la situación legal de varios intendentes. En San Pedro, la adjudicación fue aprobada por el Concejo Deliberante luego de que Cecaitra fuera la única oferente en la licitación. Sin embargo, el trasfondo judicial genera tensión política, sobre todo porque algunos sindicatos municipales advierten que la eventual caída del sistema implicaría recortes en la recaudación que hoy permite discutir mejoras salariales. Opinión pública: La expectativa de una ciudad como San Pedro por modernizar el control vial y generar conciencia sobre el tránsito puede quedar empañada si se demuestra que los mecanismos de implementación estuvieron condicionados por negociaciones poco transparentes. La justicia deberá determinar no solo responsabilidades individuales, sino también si el modelo de fotomultas ha sido utilizado como una vía paralela de recaudación irregular. NORTE HOY – www.nortehoy.com.ar