La Justicia consideró “abusiva” la actuación de agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) que obligaron a un joven de 18 años a realizar flexiones de brazos durante un control en la vía pública, en un hecho que generó gran repercusión en la comunidad. La jueza Luciana Díaz Bancalari, del Juzgado Correccional 3, hizo lugar al hábeas corpus interpuesto por la Defensoría Oficial a fin de prevenir represalias y proteger la libertad personal del joven, quien ya había relatado el episodio en una audiencia celebrada el lunes pasado. En su resolución, la magistrada recordó que la normativa vigente establece que la policía debe actuar de manera que no perjudique la integridad física, la dignidad ni el honor de las personas. Señaló además que las conductas registradas en este caso no fueron preventivas, sino que generaron un real estado de perturbación, amenaza y temor en la víctima. “Lo ocurrido no se ajusta a los principios y procedimientos básicos de la profesión policial, que requieren evitar cualquier actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que implique violencia física o moral”, destacó la jueza. Agregó que el personal policial tiene obligaciones de responsabilidad y ética profesional, que incluyen respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley. Durante el episodio, el joven relató que caminaba de regreso de su trabajo acompañado por su novia y su cuñada cuando los agentes de UTOI lo detuvieron para identificarlo. Sin requerirle el DNI, le ordenaron realizar 20 flexiones de brazos bajo amenazas de traslado a la comisaría, acompañadas de burlas, risas, tirones de pelo y golpes. Participaron cinco agentes varones y una mujer, quienes ahora son investigados por la Auditoría General de Asuntos Internos. El hábeas corpus preventivo presentado por el defensor oficial Joaquín Castro fue fundamentado en la amenaza cierta y objetiva a la libertad del joven. La jueza Díaz Bancalari ordenó a la Jefatura de la Policía Departamental que adopte los recaudos necesarios para que el personal de UTOI se abstenga de desplegar conductas que restrinjan ilegítimamente la libertad personal del joven, salvo que existan motivos legales debidamente documentados y elevados a la autoridad judicial correspondiente. La resolución judicial marca un antecedente significativo en la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos policiales, reafirmando la obligación de las fuerzas de seguridad de actuar con moderación y respeto hacia la comunidad. NORTE HOY
