NORTE HOY El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, anunció un aumento salarial del 1,9% para los empleados municipales, acompañado de un ajuste en la antigüedad que pasa del 2,5% al 3% por cada año de servicio. La decisión, tomada mediante decreto y sin convocar a la mesa de negociación paritaria, provocó un fuerte rechazo entre los sindicatos y los propios trabajadores. El malestar principal se centra en que el incremento solo replica el último índice inflacionario mensual, sin contemplar la pérdida acumulada de poder adquisitivo que los municipales arrastran desde hace años. Actualmente, un trabajador promedio percibe alrededor de 450 mil pesos, cifra que continúa por debajo de la línea de pobreza para una familia tipo en Argentina. En contraste, ciudades vecinas, como San Nicolás, anunciaron premios anuales de hasta 1,5 millones de pesos para sus empleados municipales, destacando políticas de reconocimiento que evidencian la precariedad del esquema salarial en Ramallo. Si bien Poletti recordó que durante su primera gestión ya había aumentado el porcentaje de antigüedad, los analistas y gremialistas advierten que la medida tiene un efecto simbólico más que real frente a la crisis económica. Los trabajadores reclaman no solo que los incrementos superen la inflación, sino que exista una recomposición salarial que reconozca los años de pérdida de poder adquisitivo. El uso del decreto en lugar de la negociación colectiva evidencia, según los sindicatos, una falta de disposición política para abrir el diálogo. La medida deja en evidencia un esquema que mantiene a cientos de familias municipales con ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica, aun tras el nuevo ajuste. La situación genera preocupación entre la comunidad y despierta cuestionamientos sobre las prioridades del Ejecutivo local. NORTE HOY www.nortehoy.com.ar  Opinión pública: La decisión de aumentar salarios por decreto, sin apertura paritaria, refuerza la percepción de un Ejecutivo que prioriza medidas mínimas frente a una crisis que afecta a las familias municipales. Muchos vecinos y trabajadores consideran que esta política no solo es insuficiente, sino que evidencia una distancia creciente entre las necesidades reales de los empleados y las decisiones de la gestión.
