El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., presentó una apelación contra su procesamiento en la causa por fentanilo contaminado, que habría provocado 124 muertes en el país. El escrito, de más de cien páginas, busca revertir la resolución dictada por el juez federal Ernesto Kreplak y cuestiona el accionar del magistrado. En la resolución inicial, Kreplak había considerado a García Furfaro “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” que causó la muerte de 20 personas, además de señalarlo como coautor en la “adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud”. Según la acusación, el empresario habría intervenido junto a 16 empleados en la fabricación, distribución y venta del lote 31202, un opioide destinado al uso sanitario público, emitido el 16 de diciembre de 2024, y que habría sido adulterado durante la producción. El procesamiento detalla que las adulteraciones se produjeron por fallas múltiples en la fabricación del medicamento y menciona alertas previas que no habrían sido atendidas por el laboratorio. La defensa, liderada por el abogado Gastón Marano, sostiene que el juez no determinó “el hecho preciso ni el aporte causal individual” del imputado, y critica la falta de identificación clara del delito, señalando que ello vulnera garantías constitucionales. Marano argumenta que “sin hecho individualizado ni nexo causal concreto, el procesamiento carece de base fáctica suficiente” y cuestiona cómo pudo contaminarse un medicamento en una planta equipada con tecnología de última generación, destacando que la investigación no aclara cómo una bacteria multirresistente, propia de hospitales, ingresó al laboratorio y evadió las salvaguardas del proceso productivo. Entre los puntos principales de la apelación se enumeran la imputación genérica, la falta de individualización de responsabilidades, errores en la investigación y omisión de informes técnicos. Además, la defensa remarca que no se respetaron principios del Código Procesal Penal de la Nación ni criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y señala incumplimientos respecto de fallos de la Corte Suprema argentina. La Cámara Federal deberá ahora evaluar el recurso presentado por García Furfaro y decidir si confirma, revoca o modifica el procesamiento dictado por el juez Kreplak. Este paso marcará un hito en la causa que mantiene en vilo a la opinión pública y que sigue generando repercusiones en el sector farmacéutico nacional. NORTE HOY
