Este jueves, a partir de las 9.30, comienza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el juicio oral por la denominada Causa Cuadernos, en la cual serán juzgados la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios de su administración, dos choferes y 65 empresarios vinculados a sectores estratégicos de la obra pública. Entre ellos figura el empresario nicoleño Juan José Luciano, titular de la constructora Luciano S.A., a quien se le imputan doce cohechos activos. Según la acusación elaborada por el Ministerio Público Fiscal, se habría montado una estructura ilícita entre 2003 y 2015 con el objetivo de recaudar dinero por parte de empresas de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficios en la adjudicación de contratos estatales. La titular de la Fiscalía General N° 5, Fabiana León, llevará adelante la representación del Ministerio Público junto a un equipo de fiscales coadyuvantes y auxiliares. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, estableció que las audiencias se desarrollarán todos los jueves de 9.30 a 13.30 a lo largo de 2025. A partir de marzo de 2026, se sumará una segunda jornada semanal. Salvo excepciones, el procedimiento se desarrollará de manera virtual mediante la plataforma Zoom, con posibilidad de seguimiento público mediante acreditación previa, y varias de las instancias serán transmitidas por el canal oficial de YouTube del Poder Judicial. NORTE HOY En la elevación a juicio, la acusación sostiene que existió “un circuito de recaudación de dinero centrado en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y otros beneficios relacionados con los vínculos entre empresas privadas y el Estado Nacional”. Agrega que los líderes del esquema habrían coordinado dos vías simultáneas de recaudación: una directa, protagonizada por funcionarios que recibían los fondos sin intermediarios, y otra articulada por otros actores del entramado, entre ellos empresarios y financistas. Antes de iniciar el debate, un grupo de defensas —compuesto por 47 empresarios y cuatro exfuncionarios— solicitó propuestas de reparación integral. Sin embargo, la fiscal León rechazó cada una de ellas por considerar que no se cumplían las condiciones legales, argumentando además la existencia de un bien jurídico colectivo afectado. “En esta fiscalía no se vende impunidad”, expresó durante la audiencia pertinente. Finalmente, el tribunal desestimó todas las propuestas, entendiendo que la postura fiscal resultaba vinculante para resolver la cuestión. La expectativa judicial es elevada, ya que se trata de uno de los procesos más sensibles de los últimos años, con impacto político, empresarial e institucional. Opinión pública: A medida que avancen las audiencias, la sociedad observará si este juicio logrará establecer límites claros entre el financiamiento político y la adjudicación de obra pública. La decisión final podría sentar un precedente determinante en la relación entre la política, el sector empresarial y la transparencia en la gestión pública. NORTE HOY 
