El Tribunal conformado por los magistrados Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese resolvió condenar a nueve años de prisión efectiva al ex fiscal general de Rosario, Patricio Serjal Benincasa, en una causa que expuso fallas de control y vínculos oscuros dentro del sistema judicial. Además, se dispuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, registrando uno de los fallos más fuertes contra un funcionario de alto rango en la provincia. Serjal fue declarado culpable de los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad ideológica, omisión de persecución y peculado. La sentencia sostiene que, desde su posición como jefe de los fiscales de Rosario y la región, protegió estructuras criminales ligadas al juego clandestino, retardando dictámenes y omitiendo actuaciones para favorecer intereses privados. En el mismo proceso también fue condenado Nelson Rodolfo Ugolini, exempleado judicial, a cinco años de prisión por recibir dinero en moneda extranjera para garantizar protección dentro de la Justicia. De esta manera, el tribunal dio por acreditado un funcionamiento orgánico donde distintos actores se beneficiaban de la falta de investigación sobre empresarios vinculados al juego ilegal. Uno de los testimonios clave fue el del empresario Leonardo Peiti, quien actuó bajo la figura de “arrepentido”. Peiti aportó información relevante y fue condenado en un trámite abreviado a tres años de prisión y al pago de una multa de 47 millones de pesos. Sus declaraciones involucraron no solo a Serjal y Ugolini, sino también al exfiscal Gustavo Ponce Asahad, quien recibió una pena de seis años y aportó datos sobre la operatoria. Durante la investigación, Serjal fue detenido y permaneció varios meses en prisión preventiva, previo a obtener arresto domiciliario y luego libertad condicional, a la espera del juicio. Tras regresar a San Pedro, el proceso oral iniciado el 15 de septiembre culminó con una condena ejemplificadora que, para muchos sectores, marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción institucional. El caso tiene un fuerte impacto en la opinión pública, no solo por la jerarquía del acusado, sino también por la sensación social de vulnerabilidad frente a la permeabilidad de estructuras estatales por parte de redes ilegales. NORTE HOY La defensa había sostenido que Serjal fue víctima de una red de corrupción que operó por debajo de su autoridad, argumentando que el funcionario carecía de vínculos políticos. Sin embargo, la sentencia determinó que no solo conocía la operatoria, sino que cobraba coimas para evitar el avance de causas penales que afectaran intereses mafiosos. El ex fiscal, de 48 años, inició su carrera como auxiliar de la primera Fiscalía descentralizada de San Pedro. Luego ascendió hasta convertirse en la principal autoridad del Ministerio Público Fiscal en Rosario, posición desde la cual —según la Justicia— intervino para entorpecer investigaciones contra organizaciones criminales. Consultadas fuentes del ámbito judicial, coincidieron en que el fallo envía un mensaje claro al interior del sistema: las responsabilidades de control son indelegables. La decisión judicial es especialmente significativa en una provincia históricamente golpeada por organizaciones delictivas articuladas con sectores institucionales. Opinión pública: Para una parte de la ciudadanía, esta condena representa un gesto contundente de la Justicia hacia adentro de su propia estructura. En una época donde la desconfianza social crece, sentencias de este tipo podrían contribuir a recuperar credibilidad, siempre que sean acompañadas de mecanismos de control sostenidos y transparentes. NORTE HOY — más información en www.nortehoy.com.ar
