En el marco de un nuevo paro encabezado por profesionales de la salud afiliados a Cicop, el debate por la provincialización del Hospital Emilio Ruffa volvió a ocupar el centro de la escena pública en San Pedro. La medida de fuerza responde a reclamos por el pago adeudado de retroactivos, aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales, en medio de un crecimiento sostenido del déficit sanitario local. El Concejo Deliberante analiza un proyecto presentado por el concejal Martín Rivas, a fines de julio, que propone solicitar al Gobierno provincial la asunción de la administración completa del centro hospitalario. La iniciativa fue tratada a mediados de agosto, aunque el expediente pasó a comisión para ajustes técnicos, a pedido del edil oficialista y exsecretario de Salud Daniel Creus. La delicada situación económica fue expuesta en la Rendición de Cuentas 2024, que muestra que la salud pública local consume un 40% más de recursos de los que aporta la coparticipación, el plan Sumar y el recupero de obras sociales. El déficit supera actualmente los 6.200 millones de pesos, cifra que se incrementa mes a mes y representa una presión inédita sobre las arcas municipales. “El déficit presupuestario está abarcado, en gran porcentaje, por los fondos que nos requiere el Hospital”, advirtió Rivas al defender su propuesta. Además, señaló que la falta de insumos y los retrasos en el pago de salarios profundizan la crisis y afectan la calidad de la atención. Para el concejal, llegó el momento de evaluar alternativas estructurales. En la misma línea, Creus recordó que el Hospital Ruffa representa el “corazón de la salud de San Pedro” y destacó avances logrados en gestiones recientes: la municipalización de la terapia intensiva, la instalación de un nuevo tomógrafo y la ampliación de especialidades médicas. Sin embargo, alertó que el sistema llegó a un límite operativo debido a la complejidad creciente de las prestaciones. Las negociaciones paritarias también ocupan un lugar central en el conflicto. Según Creus, los acuerdos salariales firmados a nivel provincial generan desfasajes en municipios con presupuestos restringidos, situación que obliga a establecer mecanismos de compensación para retener profesionales especializados. “Algo se va a tener que hacer en los próximos años”, sostuvo. Durante una entrevista reciente, el funcionario admitió que la posibilidad de provincializar hospitales fue más factible hasta 2023, aunque actualmente reconoce que podría ser una salida eficaz para ordenar los costos. No obstante, se mostró crítico respecto a los paros en salud, al considerar que afectan cirugías programadas y prestaciones sensibles. Mientras tanto, el intendente Cecilio Salazar y la secretaria de Salud, Isabel Carrasco, mantuvieron este lunes un encuentro clave con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en busca de alternativas que permitan equilibrar el sistema. Desde la administración local reconocen que la situación requiere soluciones urgentes y coordinadas. Fuentes legislativas señalaron que la discusión continuará en comisión con la expectativa de sumar consensos políticos y técnicos. El objetivo: definir un rumbo que permita sostener la atención sanitaria sin poner en riesgo las finanzas municipales. La comunidad, por su parte, observa con creciente preocupación el escenario. Vecinos expresaron que la prolongación de conflictos laborales y la falta de recursos ponen en jaque tratamientos, cirugías y guardias esenciales. En un contexto inflacionario, cualquier demora impacta directamente en la salud de los sectores más vulnerables. Opinión pública analizada: Diversos especialistas consultados consideran que, de persistir el déficit y la tensión salarial, la administración provincial podría aportar mayor previsibilidad presupuestaria y estabilidad estructural. Sin embargo, advierten que la transición debe ser planificada, transparente y garantizando la continuidad de los servicios. NORTE HOY Con información de La Opinion Semanario
