NORTE HOY Ocho personas comenzarán a transitar la instancia decisiva de un proceso judicial que conmocionó a San Pedro. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Nicolás avanzó esta semana con la audiencia preparatoria en la causa que investiga la presunta comercialización de estupefacientes al menudeo, en una estructura que habría operado bajo la fachada de un bar céntrico. El debate estará a cargo de los jueces Laura Fernández, Belén Ocariz y Cristian Ramos, quienes intervendrán en el juicio oral contra los imputados, acusados de integrar una organización que, según la investigación fiscal, funcionó al menos entre fines de 2023 y los primeros meses de 2024. La causa fue impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1, a cargo de la fiscal Verónica Marcantonio, y tuvo su punto de quiebre en marzo de 2024, cuando se concretó un megaoperativo con 16 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Un restobar en el centro de la investigación De acuerdo con la acusación, el presunto cabecilla de la organización sería Miguel Ángel Briceño, propietario del restobar “El Clan”, ubicado sobre la calle Las Heras. Para los investigadores, el comercio habría funcionado como centro logístico y punto de referencia para la distribución de sustancias ilícitas, mientras que el fraccionamiento y almacenamiento se realizaban en domicilios particulares. Junto a Briceño llegan a esta instancia Alejo La Horca, Sebastián Mando, Daniel Ezequiel Mitacek, Jeremías Javier Garay, Jeremías Ezequiel Zacarías, Nancy Lorena Lescano y Geraldine Alejandra Pereyra. Todos enfrentan cargos vinculados a la venta de cocaína y marihuana en pequeñas cantidades, una modalidad que, según la instrucción, estaba organizada y sostenida en el tiempo. Droga, armas y dinero en distintas monedas Durante los procedimientos ordenados por la Justicia se secuestraron más de un kilo de marihuana, envoltorios de cocaína listos para su comercialización, armas de fuego, balanzas de precisión y dinero en efectivo en pesos, dólares y reales. Para la fiscalía, estos elementos constituyen prueba central para sostener la acusación en el juicio oral. Algunos de los imputados, como Garay y Zacarías, llegan al debate bajo el beneficio de arresto domiciliario. En otros casos, la situación procesal podría modificarse a través de acuerdos abreviados o revisiones previas al inicio formal del juicio, cuya fecha aún no fue fijada. Un caso que expone una problemática estructural El avance de esta causa vuelve a poner en foco el impacto del narcomenudeo en ciudades intermedias del interior bonaerense. La utilización de comercios como presunta pantalla para actividades ilegales representa, según especialistas en seguridad, una modalidad que exige investigaciones complejas y sostenidas en el tiempo. Desde el ámbito judicial remarcan que el proceso respetará todas las garantías constitucionales y que será el debate oral el que determine responsabilidades. Sin embargo, el volumen de pruebas reunidas y la magnitud del operativo inicial anticipan un juicio de alto interés público. Más allá del resultado final, el caso abre una discusión necesaria: la lucha contra el narcomenudeo no solo depende de operativos policiales, sino también de políticas preventivas, control estatal sostenido y compromiso comunitario. Cuando una estructura logra instalarse en el entramado comercial de una ciudad, el desafío excede lo estrictamente penal y se convierte en una cuestión social de fondo. NORTE HOY
