NORTE HOY - En el marco de un creciente debate por el sistema de control vehicular, el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) del Partido de San Pedro presentó ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) un proyecto de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que evalúe la viabilidad de continuar con el contrato de prestación de servicios de fotomultas adjudicado a la empresa CECAITRA. La iniciativa, impulsada por los ediles Paola Basso, Lucas Pisani, Hugo Binimelis y Yanina Batalla, se apoya en una serie de observaciones y presuntas irregularidades detectadas por organismos provinciales vinculadas al funcionamiento de la entidad, que administra el sistema de fiscalización vehicular en la región. El proyecto recuerda que la contratación fue convalidada mediante la Ordenanza 6661/24 en agosto pasado, luego de que el Ejecutivo resolviera la adjudicación a través del Decreto 0485/2024, en un proceso donde solo figuró un único oferente, situación que motivó cuestionamientos en el ámbito legislativo local. Entre los argumentos expuestos, se destacan recientes observaciones del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (HTC) dirigidas al intendente de Tigre, Julio Zamora, por otorgar a CECAITRA la administración del sistema de fotomultas. El fallo señaló que, pese a inscribirse como asociación civil sin fines de lucro, la entidad opera como empresa concesionaria, participa del cobro de infracciones y provee equipamiento, una actividad para la cual, según el organismo, no tendría capacidad jurídica plena. A ello se suman causas judiciales en trámite en los Departamentos Judiciales de La Plata y Campana, donde se realizaron allanamientos en la sede de CECAITRA en relación con presuntas anomalías en facturación y direccionamiento de infracciones. Uno de los expedientes mencionados derivó en la renuncia del exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, ante la supuesta vinculación de su entorno con la gestión de multas. La resolución solicita formalmente al Ejecutivo analizar, con la intervención de organismos de control y Asesoría General de Gobierno, la continuidad del vínculo contractual y estudiar su eventual rescisión, ante un escenario de controversias que se replica a nivel provincial. Desde distintos sectores políticos, la discusión se amplifica, ya que la implementación de fotomultas ha generado críticas sobre su verdadera finalidad y su impacto en la comunidad. Análisis de opinión pública: En San Pedro, el debate comienza a trascender lo administrativo: crece la percepción social de que el sistema de fotomultas actúa más como un mecanismo recaudatorio que como una herramienta preventiva. Si el Ejecutivo no brinda explicaciones claras y transparentes, este episodio podría afianzar la desconfianza ciudadana hacia los mecanismos de fiscalización vial, alimentando una discusión que promete instalarse en la agenda política local. NORTE HOY
