En un hecho que conmociona a la comunidad local, un hombre de 29 años fue detenido luego de violar el arresto domiciliario que cumplía con una tobillera electrónica, y amenazar gravemente a su madre en la vía pública. El episodio ocurrió en la intersección de las calles España y Ferreyra, donde el individuo arribó a la propiedad de su progenitora, rompiendo las condiciones impuestas por el Servicio Penitenciario Bonaerense. Según informaron fuentes oficiales, el alerta llegó al sistema de emergencias 911 tras una denuncia realizada por vecinos y la propia víctima, una mujer de 63 años, que denunció haber sido víctima de amenazas verbales y agresiones psicológicas por parte de su hijo. Personal del Comando de Patrullas se presentó en el lugar para detener al hombre y garantizar la seguridad de la mujer. La detención se produjo en el acto, y la mujer fue inmediatamente trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió contención y asistencia especializada. Por su parte, el detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°15, especializada en violencia de género, que interviene en la causa para determinar las responsabilidades penales correspondientes. Este caso expone una preocupante situación de incumplimiento de medidas judiciales en el marco de arrestos domiciliarios, así como el peligro que representan las violencias intrafamiliares, especialmente contra mujeres adultas mayores. La denuncia y rápida actuación policial evitaron que la situación escalara, destacando la importancia de los sistemas de monitoreo electrónico y la intervención coordinada de los organismos de seguridad y justicia. Opinión pública La sociedad observa con creciente preocupación cómo, a pesar de los avances en materia de justicia y políticas públicas, continúan registrándose episodios de violencia familiar y flagrantes incumplimientos de medidas judiciales. La seguridad y el bienestar de las víctimas, en especial de personas mayores, demandan un compromiso firme y coordinado entre los organismos judiciales, de seguridad y asistencia social. Este caso subraya la urgencia de implementar mecanismos más rigurosos de control sobre quienes incumplen arrestos domiciliarios, y de garantizar respuestas efectivas ante situaciones de riesgo. La comunidad reclama además mayor inversión en prevención, acompañamiento psicológico y programas de reinserción para evitar la repetición de este tipo de hechos. En definitiva, el problema trasciende el ámbito judicial y debe ser abordado como una cuestión de política pública integral que proteja a los más vulnerables y promueva la convivencia pacífica dentro del núcleo familiar. Redacción de Diario NORTE HOY