La situación en la Unidad Penal N° 3 de San Nicolás se volvió insostenible. De acuerdo a los últimos datos publicados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), basados en información oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en abril de 2025 había 986 personas privadas de la libertad en esa cárcel, que solo cuenta con 358 plazas habilitadas. El número representa un crecimiento del 34,88% en relación a abril de 2015, cuando había 731 detenidos. La tendencia no es exclusiva de San Nicolás. En todo el territorio bonaerense, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) pasó de 34.096 internos en 2015 a 60.929 en 2025, con un aumento del 78% en diez años. El dato revela un sistema penitenciario al borde del colapso, marcado por la sobrepoblación, el hacinamiento y las condiciones de detención que vulneran derechos humanos elementales. En el caso de la UP3, según fuentes del SPB, parte del problema reside en el uso intensivo de la prisión preventiva. En la actualidad, el 55,1% de los internos tiene condena firme, pero el 41,5% aún está procesado sin sentencia definitiva. La situación genera una presión constante sobre las instalaciones, sin que existan medidas efectivas de contención o ampliación edilicia. El informe de abril 2025 de la CPM indica que de las 74 unidades carcelarias bonaerenses, solo nueve tienen capacidad disponible y una opera al límite. El resto atraviesa cuadros de superpoblación crítica. La cárcel de San Nicolás es uno de los ejemplos más alarmantes, donde las condiciones de detención ya fueron calificadas como violatorias de derechos fundamentales. En julio de 2024, la jueza Luciana Díaz Bancalari, a cargo del Juzgado Correccional N° 3 de San Nicolás, dio lugar a un habeas corpus colectivo impulsado por la CPM como Mecanismo local de prevención de la tortura. En esa presentación se documentó el deterioro estructural, el uso excesivo del aislamiento, la falta de atención médica –sobre todo psiquiátrica– y la irregular provisión de comida. La resolución ordenó regularizar con urgencia los servicios esenciales y ejecutar obras largamente demoradas. En paralelo, el sistema penitenciario provincial restringe el acceso a derechos como el régimen de progresividad de la pena. Apenas el 9% de los condenados accede a salidas transitorias o régimen abierto, lo que demuestra un modelo de encierro estanco y sin perspectivas de reinserción. Lejos de constituir una problemática aislada, lo que sucede en San Nicolás es el reflejo fiel del colapso penitenciario en toda la provincia de Buenos Aires. Como publicó NORTE HOY, las cárceles funcionan por encima de sus límites, con impactos directos en la dignidad y los derechos básicos de miles de personas detenidas. El crecimiento exponencial de la población penitenciaria, sin una correlativa inversión en infraestructura ni en justicia restaurativa, pone en duda la viabilidad del sistema. Y obliga a replantear con urgencia el modelo de persecución penal que prioriza el encierro masivo como única respuesta estatal. Redacción de Diario NORTE HOY