Suben los montos para tipificar evasión fiscal y crean blindaje legal para quienes regularicen sus dólares El Ejecutivo nacional presentó en el Congreso la denominada Ley de Principio de Inocencia Fiscal, una iniciativa que modifica los parámetros legales para sancionar la evasión tributaria y establece un marco de protección para los contribuyentes que decidan regularizar sus activos, especialmente los dólares guardados en el colchón. Durante la conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, junto al diputado y candidato José Luis Espert, explicaron que el proyecto busca “blindar al ciudadano de bien” y evitar que quienes hayan ahorrado legítimamente en moneda extranjera sufran persecución fiscal. La propuesta modifica los umbrales que determinan cuándo una evasión constituye delito penal: la evasión simple aumentará de $1,5 millones a $100 millones, mientras que la agravada pasará de $15 millones a $1.000 millones. Este ajuste pretende focalizar los esfuerzos de fiscalización en casos de mayor impacto económico y evitar la judicialización por montos menores, considerados poco rentables para el Estado. En paralelo, se implementará un mecanismo previo a la judicialización, que permitirá a los contribuyentes pagar las deudas tributarias más intereses para evitar acciones penales, siempre que se trate de evasiones simples o agravadas y que no se trate de agentes de retención reincidentes. Por otra parte, la ley contempla una actualización significativa de las multas por incumplimientos formales, elevándolas de $200 a $220.000 ajustados por IPC, y un acortamiento en los plazos de prescripción a tres años, con ciertas condiciones estrictas para evitar irregularidades graves. La segunda fase del proyecto establece el régimen simplificado de Ganancias, destinado a personas físicas con ingresos anuales hasta $1.000 millones y patrimonio menor a $10.000 millones. Este régimen busca formalizar a millones de monotributistas y trabajadores informales, ofreciéndoles un “tapón fiscal” que garantizará que no se fiscalice su variación patrimonial pasada, incentivando la regularización voluntaria. Desde el Gobierno afirman que esta reforma marcará un cambio de paradigma: pasar de un sistema tributario persecutorio a uno recaudatorio y con foco en la justicia fiscal. Además, esperan que la medida aumente la recaudación y aporte divisas frescas a las reservas del Banco Central. Opinión pública El proyecto genera expectativas positivas en sectores que buscan una solución pragmática para la informalidad fiscal, aunque especialistas alertan sobre la necesidad de vigilancia estricta para que el blindaje no se convierta en una puerta para la impunidad. En un contexto económico complejo, la iniciativa representa un intento claro del Gobierno por equilibrar incentivos y sanciones, con la vista puesta en una mayor formalización y estabilidad fiscal. Redacción de Diario NORTE HOY