La Plaza Mitre de San Nicolás será este martes el escenario de una manifestación encabezada por prestadores de servicios, personas con discapacidad, familiares y organizaciones no gubernamentales, en rechazo al veto presidencial de la ley que declaraba la Emergencia en Discapacidad. La convocatoria está prevista para las 17.30 y tiene como objetivo visibilizar el impacto de esta medida sobre miles de personas en todo el país. “Expresamos nuestro más enérgico repudio a este retroceso que vulnera los derechos de miles de personas, sus familias y los trabajadores del sector. Exigimos una respuesta inmediata y concreta del Estado. La discapacidad no espera, los derechos no se vetan. Nos organizamos y salimos a las calles”, expresaron los convocantes mediante un comunicado. La ley vetada por el presidente Javier Milei había sido aprobada por el Senado el 10 de julio. Entre otros puntos, proponía regularizar pagos atrasados a prestadores, actualizar aranceles, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mejorar el sistema de pensiones no contributivas y garantizar el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad. La decisión del Ejecutivo fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, acompañada de un argumento fiscal: “las medidas sancionadas conllevarían un aumento del 6% del gasto primario anual”, lo que —según el Gobierno— pondría en riesgo el cumplimiento de sus metas presupuestarias. Sin embargo, desde el sector de la discapacidad advierten que los recortes y la falta de actualización en los valores que abona el Estado están generando una crisis estructural. Algunos prestadores señalan que los aranceles se encuentran desfasados en más del 70% respecto a los costos reales, lo que pone en riesgo la continuidad de terapias, transporte, centros de día y servicios educativos especializados. Asimismo, denuncian que en los últimos 14 meses se aprobaron apenas 600 de las más de 500.000 solicitudes de pensiones, mientras que trabajadores con discapacidad en talleres protegidos siguen cobrando apenas $28.000 mensuales, sin actualizaciones desde febrero de 2023. La Agencia Nacional de Discapacidad, conducida por Diego Spagnuolo, también cuestionó el proyecto aprobado por el Congreso, al considerar que “apela a un modelo asistencialista ya superado” y que “desatiende estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”. Por su parte, distintas ONGs, como TEActiva y Discas en Lucha, que vienen participando de movilizaciones en todo el país, remarcaron que se trata de un “momento crítico” para el sector y que la falta de respuestas pone en jaque derechos adquiridos reconocidos incluso por tratados internacionales con jerarquía constitucional. María Florencia Moliterno, directora ejecutiva de Cooperanza y especialista en gestión de servicios para personas con discapacidad, señaló: “De concretarse el veto, se pondrían en riesgo prestaciones esenciales ya reconocidas por la ley y por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país”. Reflexión final: Esta situación expone una tensión profunda entre la política fiscal del Gobierno nacional y la garantía de derechos esenciales para una de las poblaciones más vulnerables. Mientras el debate sigue su curso institucional, miles de familias esperan una respuesta que no dilate más lo urgente. La discapacidad no puede ser un tema de ajuste presupuestario. NORTE HOY