NORTE HOY | La Cámara Federal confirmó el procesamiento y dictó embargos a los imputados en la causa conocida como “la banda de los grafitis”, una investigación por presunta corrupción, lavado de activos y evasión fiscal que involucra a integrantes de la familia Solmi y a sus contadores. La causa se originó tras una denuncia de la AFIP y es instruida por el juez federal Sebastián Casanello. Entre los principales acusados se encuentran Víctor Enrique, Sergio Gustavo y Víctor Manuel Solmi, junto a los contadores Pablo Geoghegan y Rodolfo Solimano. De acuerdo con la investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), los Solmi habrían conformado empresas “fantasma” con el objetivo de direccionar licitaciones públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Las firmas Citepa S.A. y Varbeg S.A. aparecen en el centro del expediente. Ambas fueron beneficiadas con adjudicaciones directas y contratos para servicios de limpieza antigraffiti, que según la investigación presentaban sobreprecios de entre 150% y 570% respecto de los valores de mercado. La AFIP y la Policía Federal realizaron el año pasado una serie de allanamientos en domicilios vinculados a los Solmi y a sus empresas. En esas diligencias se encontraron órdenes de compra de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) donde figuraba el nombre y correo electrónico personal de Víctor Solmi como contacto de referencia, a pesar de que la familia no aparecía formalmente en los registros de las compañías. Uno de los elementos más comprometedores es el hallazgo de una cuenta comitente en la sociedad de bolsa Servente y Cía S.A., a nombre de los integrantes del grupo familiar. Según el juez Casanello, esa operatoria fue utilizada para “inyectar fondos” y manipular los movimientos financieros vinculados a los contratos públicos. En la denuncia inicial, la AFIP identificó el uso de testaferros. En particular, Jorge Palacio, quien figuraba como presidente de Citepa S.A., declaró un domicilio en San Pedro que resultó ser la vivienda particular de Sergio Solmi. Ese detalle, junto con los correos electrónicos y los registros contables secuestrados, refuerza la hipótesis de una estructura montada para el desvío de fondos públicos. Los correos incorporados al expediente también reflejan maniobras de ocultamiento. En uno de ellos, Víctor Solmi le escribió a su contador: “Pablito, esta noche quizás ‘aparezcan’ y la idea es que estén estos tres de alta. Si podés, mandámelas esta tarde y las envío, así las tienen para esta noche, por las dudas. Gracias.” Para el magistrado, ese intercambio prueba que los imputados simulaban actividades laborales ante posibles inspecciones. Fuentes judiciales señalaron que la empresa Citepa cumplía todos los parámetros de una firma ficticia: sin bienes declarados, sin sede operativa y con apenas tres empleados activos, dados de alta de forma preventiva. “Todo fue montado para facturar y triangular fondos”, se lee en la resolución. Por su parte, los contadores Geoghegan y Solimano difundieron un comunicado negando su participación en las maniobras y solicitaron el sobreseimiento. En declaraciones al diario La Opinión, Geoghegan manifestó: “Esta situación me produce mucho dolor e incomodidad. Solo hicimos nuestro trabajo como estudio contable”. El procesamiento fue ratificado por la Cámara Federal y se dispusieron embargos preventivos sobre los bienes de los principales acusados, al tiempo que la Procelac amplía la investigación sobre el circuito financiero utilizado por las empresas y sus socios comerciales. La decisión judicial fue recibida con expectativa por los organismos de control, que consideran que el caso puede sentar un precedente clave para las investigaciones sobre corrupción privada en contrataciones públicas. Reflexión pública: Más allá de los nombres, el caso vuelve a poner en debate los mecanismos de control en las contrataciones estatales. Cuando la transparencia se erosiona, el costo no lo pagan los empresarios ni los funcionarios: lo paga la ciudadanía. NORTE HOY
