NORTE HOY — Un diagnóstico severo atraviesa al Fuero de Familia de la provincia de Buenos Aires. Un reciente relevamiento del Centro de Investigación y Formación de la Asociación Judicial Bonaerense (CIyF-AJB) expone un deterioro sostenido: un crecimiento de causas que se volvió inmanejable y un nivel de recursos que no logra acompañar la demanda. El informe, elaborado con estadísticas oficiales de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, deja una conclusión clara. Durante la última década y media, la cantidad de expedientes se multiplicó de manera acelerada, mientras la estructura del fuero se mantuvo prácticamente estancada. Este déficit impacta directamente en el acceso a la justicia y en las condiciones laborales del personal judicial. En el Departamento Judicial San Nicolás, los números son contundentes. Durante 2024, cada uno de los tres Juzgados de Familia recibió en promedio 1900 causas, lo que representa unas 110 por agente judicial. Esta carga, recalca el informe, no es un caso aislado: forma parte de una tendencia que atraviesa a toda la provincia. A nivel bonaerense, en 2024 se iniciaron 300.261 causas en el Fuero de Familia. Si bien representa una baja del 7,7% respecto a 2023, es el tercer año consecutivo por encima de las 300.000. La comparación histórica es aún más gráfica: en 2010 apenas se superaban las 41.000 causas. El salto acumulado en 14 años alcanza un 626%, un crecimiento sin precedentes en la historia judicial reciente. Los picos se dieron en 2022 y 2023, y aunque 2024 marcó un leve descenso, las cifras superan ampliamente cualquier registro previo. El aumento tampoco fue uniforme. Departamentos como Avellaneda-Lanús (+379%), Morón (+297%), Quilmes –sede Florencio Varela– (+295%) y San Isidro (+260%) están entre los más afectados. En el análisis de corto plazo (2023-2024) emergen saltos abruptos como Escobar (+90%), Pehuajó (+47%) y Moreno-General Rodríguez (+8%), indicadores que confirman que la presión sigue en ascenso en zonas ya sobrecargadas. La desigualdad en la carga de trabajo también es marcada. Mientras el promedio provincial en 2024 fue de 2634 causas por juzgado, hay departamentos que lo duplican o triplican: Escobar (Zárate-Campana) alcanzó 7383; Moreno-General Rodríguez, 5353; Zárate-Campana, 4478; Tigre (San Isidro), 4114; y La Plata, 3740. En estos casos, la saturación se vuelve estructural y repercute en los tiempos de tramitación y en la calidad de la atención. Uno de los puntos más sensibles del informe es la dotación de personal. Entre 2010 y 2024, la planta creció apenas un 143%, muy por debajo del 626% de aumento en causas. Entre 2020 y 2024 se incorporaron 393 personas, pero el 72% se destinó a la apertura de 15 nuevos juzgados, dejando solo el 28% como refuerzo para estructuras ya colapsadas. Además, 25 juzgados redujeron personal en los últimos años y 14 permanecieron sin modificaciones. La situación se agrava con 17 cargos vacantes de magistrados y magistradas, algunos sin suplentes ni subrogantes, como el Juzgado de Familia 11 de La Matanza, el 3 de La Plata, el 6 de Lomas de Zamora y el 1 de San Martín. Actualmente están en funcionamiento 114 Juzgados de Familia, aunque existen 12 más creados por ley que aún no fueron habilitados. Se encuentran en zonas críticas como San Miguel, Tigre (dos sedes), Berazategui, Merlo (tres sedes), Saladillo, Chacabuco, Mar del Tuyú y Bahía Blanca. La Suprema Corte ya había advertido en 2019, mediante la Resolución 1640/19, la necesidad de habilitar más organismos: 16 nuevos juzgados adicionales, distribuidos entre creación por ley y transformación de otros fueros. Que cinco años después buena parte de estas recomendaciones sigan pendientes refleja una falta de decisión política que profundiza un problema de base. El Fuero de Familia atiende situaciones de enorme sensibilidad social —violencia, niñez, género, alimentos, salud y cuidado parental— y requiere tiempos de respuesta ágiles y equipos especializados. Con estructuras desbordadas, ese objetivo se vuelve cada vez más difícil de alcanzar. Esta situación, plantean desde distintos sectores judiciales, no solo limita la calidad del servicio sino que transforma el colapso en un riesgo para la protección de derechos fundamentales. Para NORTE HOY, el panorama expone un desafío urgente que demanda planificación, inversión y una decisión institucional firme para revertir una crisis que ya se volvió estructural. Opinión pública razonada: La persistencia de este déficit muestra que la discusión sobre la Justicia de Familia ya no puede limitarse a diagnósticos. La sociedad observa con preocupación que un fuero clave para la protección de niñas, niños y personas vulnerables funcione al borde de sus posibilidades. El reclamo por una reforma integral, equilibrada y sostenible se vuelve ineludible. NORTE HOY
