En el marco del “Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado”, las autoridades lograron secuestrar más de 82 mil ampollas adulteradas en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Formosa, tras una serie de operativos que se extendieron durante seis meses. La investigación, seguida de cerca por NORTE HOY, se originó por las muertes vinculadas al uso del opioide, un hecho que derivó en una causa judicial de fuerte repercusión nacional. Los allanamientos fueron realizados por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, en el marco del expediente que investiga al menos 173 fallecimientos. La causa se abrió cuando la ANMAT denunció irregularidades en la elaboración del producto, dando paso a una actuación judicial que progresó con celeridad debido a la gravedad de los hechos. Dos laboratorios bajo la lupa judicial La investigación, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº3 de La Plata, determinó que los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., ambos pertenecientes al empresario Ariel García Furfaro —detenido y procesado—, produjeron y distribuyeron lotes de fentanilo contaminado con bacterias. La trazabilidad permitió confirmar la llegada del material adulterado a distintos centros de salud del país. Además, se detectó que 187 droguerías, clínicas y sanatorios mantenían vínculos con la distribución del opioide, y que al menos 40 de estos establecimientos habían recibido las ampollas comprometidas. El rol de la ANMAT y las advertencias previas La ANMAT había detectado irregularidades severas durante una inspección en el laboratorio Ramallo S.A. realizada apenas días antes de la producción del fentanilo contaminado. El organismo describió fallas “críticas y mayores” en áreas clave como Producción, Control de Calidad, Recursos Humanos y Gestión del Sistema de Calidad. A partir de ese informe, la ANMAT dispuso la interrupción de las actividades productivas del laboratorio hasta la presentación de acciones correctivas. Sin embargo, esas exigencias no se cumplieron y, pese a las advertencias, continuó la manufactura del opioide que terminó involucrado en los casos investigados. Señalamientos y responsabilidades en debate La actuación de la ANMAT quedó bajo cuestionamiento por no haber avanzado hacia una clausura preventiva, medida que, según fuentes cercanas a la causa, podría haber evitado la distribución del material contaminado. Tras los operativos concretados, las 82 mil ampollas secuestradas quedaron bajo custodia del organismo y a disposición del juez Ernesto Kreplak. La reconstrucción del circuito de producción, distribución y control continúa siendo central para la causa, que se perfila como una de las investigaciones sanitarias más trascendentes de los últimos años en la Argentina. Desde NORTE HOY se seguirá de cerca la evolución del expediente, dado el impacto institucional y social que deja en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control en el sistema sanitario. Opinión pública La magnitud del caso vuelve a instalar una preocupación ya conocida: la importancia de garantizar estándares estrictos en la producción de medicamentos. Lo ocurrido abre un debate profundo sobre los mecanismos de supervisión, las responsabilidades estatales y la urgencia de evitar que fallas de este tipo vuelvan a poner en riesgo a la población.
