La trama judicial que esta semana volvió a poner bajo la lupa a uno de los nombres más temidos del hampa rosarino tiene su origen fuera de Santa Fe. Todo comenzó en 2021, a partir de una investigación impulsada por la fiscalía de San Nicolás, que derivó en el secuestro de doce kilos de cocaína y en la detención de dos hermanos vinculados al tráfico de estupefacientes. Aquella droga había sido entregada por Julio Andrés Rodríguez Granthon, conocido como “el Peruano”, y nunca fue abonada. El cargamento terminó incautado y la deuda quedó flotando. Según la reconstrucción judicial, ese incumplimiento fue el detonante de una serie de hechos violentos que se prolongaron durante años y que ahora derivaron en nuevas imputaciones. Esta semana, el fiscal rosarino Alejandro Ferlazzo, titular de la Unidad de Homicidios, imputó a Brian Emanuel Villalba, alias el “Negro Brian”, por haber ordenado al menos cinco homicidios, además de balaceras e intimidaciones cometidas durante los primeros meses de 2023. Villalba, de 34 años, permanece detenido desde 2013 y cumple una condena unificada de 46 años de prisión. Pese a estar alojado en el penal de Piñero, la acusación sostiene que mantenía pleno control sobre una estructura criminal que operaba en el exterior y que actuaba bajo sus directivas. El objetivo de los ataques fueron Gonzalo Ezequiel Villalba y Julio César Villalba, dos hermanos que comparten apellido con el imputado pero no tienen vínculo familiar. Ambos habían sido detenidos en el marco de la causa tramitada en la UFI N° 1 de San Nicolás, a cargo de la fiscal Verónica Marcantonio, donde se secuestraron los doce kilos de cocaína que nunca llegaron a pagar. Según la investigación, el “Negro Brian” se convirtió en una suerte de intermediario entre sicarios y el proveedor de la droga. Desde su celda, y con conexiones activas en el exterior, habría coordinado una serie de represalias contra familiares y personas cercanas a los deudores. La causa reconstruyó una seguidilla de hechos graves. En enero de 2023 se registraron balaceras contra viviendas vinculadas a la familia Villalba, acompañadas por mensajes intimidatorios. En uno de esos ataques, dos mujeres resultaron gravemente heridas. El 1° de febrero de ese año fue asesinada María Vidal, una comerciante del barrio, esposa de un primo de uno de los deudores. Al día siguiente se produjo otro ataque armado contra una vivienda familiar. El 9 de febrero fue ejecutado Javier Fernández, padre de un amigo de uno de los hermanos. La violencia alcanzó su punto más alto el 12 de febrero, cuando sicarios abrieron fuego contra un cantobar del noroeste rosarino. En ese episodio murieron un efectivo policial que cumplía tareas de custodia y un familiar del propietario del local. Otras dos personas resultaron heridas. El último hecho imputado ocurrió el 24 de febrero de 2023. La víctima fue Jeremías Villalba, de 21 años, sobrino de los deudores. Fue asesinado en un descampado tras concurrir a una supuesta operación de compra-venta que, de acuerdo con la causa, fue una trampa. Horas después de ese crimen, uno de los hermanos Villalba denunció públicamente que su familia estaba bajo amenaza y señaló directamente a Rodríguez Granthon como instigador de los ataques. El proveedor de la droga cumple actualmente condenas en el penal federal de Ezeiza bajo un régimen de máxima seguridad. Para la Justicia, la secuencia expone cómo una deuda originada en un operativo antidrogas realizado en San Nicolás derivó en una espiral de violencia que se extendió por Rosario y dejó un saldo trágico, con víctimas que no formaban parte directa del conflicto. Opinión pública: el expediente vuelve a dejar en evidencia una de las fallas más graves del sistema penitenciario: la capacidad de ciertos detenidos de seguir operando y ordenando delitos desde la cárcel. Cuando el encierro no corta los vínculos ni el mando, la violencia trasciende los muros y termina golpeando a personas ajenas a cualquier actividad criminal. www.nortehoy.com.ar
