NORTE HOY El reciente acuerdo salarial alcanzado entre el gremio CICOP, que representa a los profesionales de la carrera médico hospitalaria, y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires generó un nuevo frente de tensión financiera para el Municipio de San Pedro, que ahora acumula otra deuda con los médicos del sistema público local. La negociación estableció un incremento del 4,5 por ciento de bolsillo que debía liquidarse durante el mes de febrero. El entendimiento incluyó además actualizaciones retroactivas: un 1 por ciento correspondiente a diciembre, un 2 por ciento para enero y la aplicación proporcional sobre el aguinaldo, lo que incrementa el impacto económico inmediato en las administraciones municipales que deben adherir a la recomposición. Desde CICOP señalaron que el objetivo de las próximas negociaciones será consolidar incrementos salariales que superen la inflación proyectada para 2026, en un intento por recuperar el poder adquisitivo del personal de salud, uno de los sectores más sensibles dentro del empleo público. Sin embargo, en San Pedro la aplicación de estas mejoras vuelve a exponer las dificultades estructurales de las finanzas municipales. Según fuentes oficiales, todavía permanecen pendientes pagos vinculados a aumentos otorgados durante el año pasado, situación que ahora se agrava con la incorporación de nuevos retroactivos. Dentro del Gobierno local reconocen que el impacto presupuestario será considerable. La caída en los ingresos por coparticipación provincial, sumada al incremento sostenido de los costos operativos, complica el cumplimiento de la masa salarial y reduce el margen de maniobra para afrontar compromisos inmediatos. Al mismo tiempo, otros gremios municipales ya solicitaron la reapertura de negociaciones paritarias, lo que anticipa un escenario de presión creciente sobre las cuentas públicas en los próximos meses. Voceros municipales aseguraron que la cancelación de los retroactivos adeudados continúa siendo una prioridad administrativa, aunque admitieron que las actuales restricciones financieras dificultan establecer plazos concretos para regularizar la situación. El conflicto pone nuevamente en evidencia la tensión recurrente entre acuerdos salariales definidos a nivel provincial y la capacidad real de los municipios para sostenerlos, especialmente en distritos con recursos limitados y alta dependencia de transferencias externas. Opinión pública En contextos económicos complejos, la salud pública suele convertirse en el primer termómetro social. Cuando los acuerdos salariales llegan sin un respaldo financiero claro para los municipios, el riesgo no solo es presupuestario: también impacta en la previsibilidad del sistema sanitario y en la estabilidad laboral de quienes sostienen diariamente la atención médica. La resolución de estas diferencias será clave para evitar que la discusión salarial derive en un problema estructural del servicio. NORTE HOY