La tensión política en San Pedro escaló en las últimas horas luego de que la agrupación La Libertad Avanza local y su bloque de concejales difundieran un comunicado oficial en el que manifestaron su “más enérgico repudio” ante la denuncia penal presentada contra el edil Mauro De Rosa, cuya situación judicial comenzó a generar fuertes repercusiones dentro del ámbito institucional. En el documento, el espacio político sostuvo que la continuidad del concejal dentro del Honorable Concejo Deliberante resulta “incompatible” con la gravedad de los hechos que actualmente son materia de investigación judicial, marcando así una postura firme frente a un caso que impacta de lleno en la agenda pública local. La declaración se conoció luego de que De Rosa solicitara un pedido de licencia durante la mañana del lunes, tras participar de una reunión de presidentes de bloque en la que, según trascendió, pidió disculpas por lo sucedido ante sus pares. Desde La Libertad Avanza expresaron además su solidaridad con la persona denunciante y remarcaron que, de acuerdo con manifestaciones públicas realizadas por la propia víctima en un medio local, los hechos denunciados habrían sido reconocidos por el propio concejal. Bajo este escenario, el bloque remarcó que no tolerará conductas que vulneren principios básicos de convivencia y exigió un accionar “rápido, transparente y eficaz” por parte de la Justicia. El comunicado también introduce un planteo político de fondo al señalar que, más allá del proceso judicial en marcha, existe una responsabilidad ética e institucional que debe ser considerada por los órganos del Estado. Según indicaron los referentes locales del espacio, situaciones de esta naturaleza afectan valores esenciales vinculados al respeto y al funcionamiento democrático de las instituciones. Uno de los puntos centrales del pronunciamiento advierte que la eventual continuidad de De Rosa en su banca implicaría que la persona denunciante deba compartir el mismo ámbito institucional con quien fue señalado como su presunto agresor. Para el bloque, este escenario podría profundizar el daño y contradecir principios básicos de resguardo y protección que deben prevalecer dentro del cuerpo legislativo. El posicionamiento político abre ahora un nuevo capítulo dentro del Concejo Deliberante, donde la discusión ya no se limita únicamente al plano judicial sino también a las responsabilidades políticas que emergen ante situaciones de alto impacto público. Mientras avanza la investigación, el caso continúa generando repercusiones en el escenario político local, donde distintos sectores comienzan a fijar postura frente a un episodio que pone en debate los límites entre la presunción de inocencia, la responsabilidad institucional y la confianza pública en sus representantes. Opinión pública Más allá del desenlace judicial, el episodio vuelve a instalar una discusión cada vez más presente en la política argentina: el estándar ético que la sociedad exige a sus dirigentes. En contextos de alta sensibilidad social, las decisiones institucionales suelen ser observadas no solo desde lo legal, sino también desde la capacidad de las instituciones para transmitir ejemplaridad y protección hacia quienes denuncian situaciones de gravedad. NORTE HOY — www.nortehoy.com.ar
