La Justicia federal procesó a los titulares de la empresa sampedrina Solmi S.A., junto a sus contadores y otros implicados, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y maniobras irregulares vinculadas a contratos adjudicados por los gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. La causa, que comenzó en 2017 y actualmente está bajo la tutela del juez Sebastián Casanello, apunta a un entramado que involucró a compañías consideradas “fantasma” que habrían sido utilizadas para brindar servicios de limpieza y antigrafiti en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según la investigación, estos contratos fueron otorgados de manera direccionada y con presuntos sobreprecios, sumando facturaciones que superan los 49 millones de pesos. Entre los procesados se encuentran Víctor Enrique, Sergio y Víctor Manuel Solmi, así como los contadores Pablo Geoghegan y Rodolfo Solimano. También fueron procesadas otras seis personas con domicilio en Buenos Aires, entre ellas Andrés, Pablo y Alejandro Servente, José María Cambón, Jorge Alejandro Palacio y Mariana Peretti. En abril del año pasado, la Agencia Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) llevaron a cabo allanamientos en la sede de la empresa y en el estudio contable, secuestrando documentación y dispositivos electrónicos vinculados a la investigación. Este accionar generó el rechazo de profesionales contables que consideraron que se afectaron herramientas esenciales para el ejercicio de la profesión. El expediente incluye además escuchas telefónicas donde se registran comunicaciones entre Víctor Solmi y funcionarios de Subterráneos de Buenos Aires y del Ministerio de Educación porteño, en las que se mencionan maniobras para agilizar y direccionar las adjudicaciones bajo la figura de “urgencia” o “especialidad”, eludiendo procesos licitatorios regulares. El juez Casanello dispuso embargos por cerca de 18 mil millones de pesos sobre los bienes de los imputados. En sus declaraciones, los procesados negaron las acusaciones y apelaron la resolución, quedando ahora en manos de la Cámara Federal la confirmación o revocación del procesamiento. En paralelo, la causa dictó falta de mérito para tres involucrados inicialmente vinculados al caso. Esta investigación pone en evidencia un esquema complejo de presunta corrupción y lavado de activos, que combina contratos públicos, maniobras financieras y adjudicaciones irregulares, y que compromete la transparencia en la administración pública. La profundización del caso será determinante para la justicia y la sociedad. NORTE HOY La opinión pública reconoce que casos de esta naturaleza erosionan la confianza en las instituciones y requieren investigaciones exhaustivas y sanciones ejemplares para preservar la integridad del sistema público-privado.