NORTE HOY La causa judicial por la usurpación de las denominadas 25 viviendas de Río Tala dio un paso decisivo en las últimas horas. La Justicia logró identificar formalmente a las familias que ocupan el complejo habitacional inconcluso, una obra que se encuentra paralizada desde hace más de dos años y que, en los últimos días, quedó en el centro de un conflicto de fuerte sensibilidad social. Según el relevamiento oficial, en el predio viven actualmente alrededor de 60 personas distribuidas en 25 familias, una por cada unidad habitacional. La composición de los grupos familiares revela un dato clave para el análisis del caso: la mayoría está integrada por mujeres y niños. No obstante, la Fiscalía ya notificó a 25 adultos por el delito de usurpación de inmuebles, en el marco de la investigación penal en curso. El trabajo de identificación fue realizado por personal policial bajo la coordinación del jefe del destacamento de Río Tala, Yoel Turci. El operativo permitió relevar los datos personales de quienes se encuentran en situación de ocupación, información que ahora quedó a disposición del Poder Judicial para definir los próximos pasos de la causa. Fuentes oficiales indicaron que, si bien durante la jornada del jueves se registraron momentos de tensión y resistencia ante la presencia policial, el viernes el clima fue diferente. Las familias se mostraron más predispuestas a colaborar, lo que permitió completar el relevamiento vivienda por vivienda sin incidentes. La causa penal se inició en la Fiscalía de Ramos, que actuó por turno, pero será derivada a la Fiscalía de Viviani, especializada en delitos vinculados a la usurpación de inmuebles. Desde ese ámbito se evaluarán ahora las medidas a adoptar, tanto en el plano judicial como en la articulación con otras áreas del Estado. El complejo habitacional corresponde a una obra financiada por el Gobierno nacional durante la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, los trabajos quedaron paralizados tras el cambio de administración y el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023. Desde entonces, el proyecto no volvió a recibir financiamiento nacional. La empresa adjudicataria, APCO S.A., abandonó la obra y, pese a haber sido intimada por la Municipalidad, nunca retomó los trabajos. El Gobierno local, según confirmaron fuentes oficiales, no volvió a recibir fondos de Nación para avanzar con la finalización de las viviendas, lo que dejó al barrio en un estado de abandono prolongado. Las casas se encuentran a medio construir: cuentan con paredes y techos, pero carecen de aberturas, que fueron robadas con el paso del tiempo, y no disponen de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica ni cloacas. Tampoco poseen sanitarios instalados, lo que evidencia las condiciones precarias en las que hoy habitan las familias. En el interior de las viviendas, la escena se repite: colchones apoyados directamente sobre el piso, divisiones improvisadas y ausencia total de infraestructura básica. Un cuadro que expone con crudeza la complejidad del conflicto y que coloca a la Justicia ante una decisión delicada, donde se cruzan el cumplimiento de la ley y una problemática social de fondo. Opinión pública El caso de las 25 viviendas de Río Tala vuelve a poner en evidencia una falla estructural que se repite en distintos puntos del país: obras públicas inconclusas que terminan convertidas en escenarios de conflicto. La toma de viviendas no puede naturalizarse ni legitimarse, pero tampoco puede analizarse sin considerar la responsabilidad del Estado en proyectos abandonados que dejan tierra fértil para este tipo de situaciones. Resolver el conflicto exigirá algo más que expedientes judiciales: requerirá decisiones políticas claras, coordinación institucional y una mirada integral que evite que la historia vuelva a repetirse. NORTE HOY
