NORTE HOY – Un grupo de exempleados del programa de patrulla preventiva municipal de Ramallo volvió a exponer serias dudas sobre el funcionamiento de la cooperativa a través de la cual prestaban servicios. En diálogo con diversos medios locales, afirmaron que la estructura administrativa, las fechas de inscripción y el manejo interno de la entidad no coinciden con la información oficial difundida por el gobierno de Mauro Poletti. Los trabajadores señalaron que la cooperativa asegura haber estado activa antes de la creación de los puestos de monitoreo y patrullas preventivas. No obstante, según el testimonio de uno de los exempleados, su contrato directo con el municipio data de abril de 2023, mientras que la inscripción formal de la entidad figura el 23 de mayo de ese mismo año. “La cooperativa no existía cuando empezamos a trabajar”, manifestaron, agregando que esa diferencia temporal refuerza las dudas sobre la legalidad del esquema laboral. Además, los denunciantes remarcaron que la figura jurídica de la cooperativa se corresponde con obras públicas y tareas generales de mantenimiento, lo cual consideran impropio para actividades vinculadas a la seguridad ciudadana. En ese registro constarían alrededor de 120 supuestos asociados, aunque los propios trabajadores afirmaron desconocer la función real de muchos de ellos. Otro de los puntos cuestionados es el domicilio declarado por la cooperativa, ubicado en Mitre 689, dirección donde funciona el Centro de Formación Profesional Nº 401. Según relatan, allí no existe ninguna oficina vinculada a la entidad y los telegramas enviados por los exempleados “no tuvieron respuesta”. Esta falta de localización concreta les imposibilita presentar reclamos administrativos o iniciar trámites formales. Respecto de la administración contable, los trabajadores mencionaron a una profesional a cargo, pero aseguraron que desconocen dónde funciona realmente la cooperativa y cómo se gestionan los fondos. En sus declaraciones también apuntaron al secretario interino de Gobierno, Claudio Gentile, a quien atribuyen demoras en el pago de horas extras, proveedores y montos correspondientes a la cooperativa. Consideran que estas demoras habrían afectado directamente los ingresos de quienes realizaban tareas de patrullaje. En relación con la operatividad del sistema, afirmaron que la cooperativa depende de la Secretaría de Obras Públicas debido a su figura legal, algo que —según expresaron— “no se condice con las tareas de seguridad que desempeñaban”. También señalaron que algunos móviles fueron devueltos “de manera discreta” y que existirían deudas vinculadas al alquiler de vehículos utilizados durante los recorridos. Los exempleados describieron una situación de precarización laboral que incluye ausencia de seguro, pagos irregulares, falta de aportes y un esquema que consideran inestable. Aseguran que, tras los reclamos salariales de octubre, fueron apartados de sus funciones sin notificación formal y que, hasta hoy, siguen sin recibir una respuesta oficial. “Nadie se hace cargo”, afirmaron respecto del silencio del Ejecutivo municipal. El conflicto se agrava ante la falta de canales institucionales donde puedan presentar reclamos. Sostienen que la municipalidad mantiene silencio y que la cooperativa tampoco ofrece información, lo que genera una sensación creciente de desamparo. Según expresaron, sienten que la estrategia es “desalentarlos para que abandonen su reclamo”, aunque aseguran que continuarán buscando una instancia formal que brinde claridad sobre su situación laboral. Esta situación, que ya genera preocupación en la comunidad, vuelve a instalar interrogantes sobre la transparencia y el funcionamiento de los sistemas de apoyo a la seguridad municipal. Para NORTE HOY, el conflicto abre un debate necesario sobre la responsabilidad institucional y la necesidad de marcos regulatorios claros para evitar que quienes cumplen tareas sensibles queden expuestos a incertidumbres administrativas. Opinión pública: la falta de explicaciones frente a un reclamo sostenido no solo profundiza la desconfianza de los trabajadores, sino también la percepción social de que estructuras destinadas a la protección ciudadana requieren mayor control, transparencia y supervisión. NORTE HOY
