La causa que investiga un fraude millonario, con la contadora Paula D’Adamo, Walter Gulías y Héctor Páez imputados por administración fraudulenta y estafas, continúa sin definiciones claras. La Cámara de Apelaciones aún no resolvió el recurso presentado por las defensas, que cuestionan la orden de enjuiciamiento dictada por la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui. El proceso judicial se originó en 2019, cuando el fiscal Patricio Múgica Díaz solicitó el juicio oral y público contra los acusados. La orden fue confirmada en marzo por el Juzgado de Garantías N° 3, pero la defensa apeló a través de los abogados Marchetti y Cabrera (Gulías), Bernárdez (Páez) y Capurro (D’Adamo). En consecuencia, los ahorristas afectados aguardan con incertidumbre una resolución que permita avanzar hacia el debate público y esclarecer responsabilidades. Los tres procesados, que actualmente cumplen prisión domiciliaria por razones de salud, permanecieron anteriormente detenidos en distintas unidades penales. La investigación revela que la estafa comenzó a gestarse en 2013 con la apertura de la financiera “Casa de Cambios San Nicolás”, donde se ofrecían inversiones a tasas muy altas, captando cientos de inversores. El fraude tomó forma a partir de 2019, cuando los pagos de intereses y capital comenzaron a incumplirse. La Justicia actuó con embargos millonarios sobre propiedades, vehículos de lujo y embarcaciones para resguardar los fondos de los damnificados, estimados en más de 150 millones de pesos en medidas cautelares realizadas en 2022. Durante la instrucción, se efectuaron once allanamientos donde se incautaron importantes sumas en efectivo y múltiples dispositivos electrónicos que forman parte del expediente. Los afectados superan el centenar y la expectativa ahora se centra en que la Cámara de Apelaciones habilite el juicio, lo que permitirá evaluar el grado de responsabilidad de cada uno en esta compleja maniobra financiera. El retraso en la definición mantiene en vilo a los inversores, que reclaman justicia y la restitución de sus ahorros. La opinión pública refleja preocupación y demanda transparencia en un proceso que podría sentar un precedente clave en la lucha contra los fraudes financieros en el país. Por Redacción de Diario NORTE HOY