El fiscal federal Diego Luciani, junto a su par Sergio Mola, rechazaron este martes el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Cristina Kirchner, condenada en la causa Vialidad. La decisión final sobre el lugar de cumplimiento de la pena quedará en manos del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que deberá resolver en los próximos días. Los fiscales desestimaron los argumentos basados exclusivamente en la edad de la ex presidenta, quien tiene 72 años, y rechazaron que su condición de ex Jefa de Estado implique una excepción automática para cumplir la condena en arresto domiciliario. "La concesión de la prisión domiciliaria es una potestad del juez, no un derecho automático, y debe analizarse en función de las circunstancias concretas del caso", señalaron Luciani y Mola en su dictamen. Añadieron que no existen razones humanitarias suficientes que justifiquen este beneficio excepcional y que la privación de libertad en un establecimiento penitenciario no implica por sí sola un menoscabo a la integridad física de Fernández. La defensa había solicitado que Cristina Kirchner cumpla la condena en su departamento ubicado en San José 1111, propiedad de la empresa Los Sauces S.A., actualmente bajo investigación por lavado de dinero. Además, solicitó que se excluya la colocación de una tobillera electrónica y que se mantenga la custodia permanente que acompaña a la ex mandataria. Sin embargo, los fiscales remarcaron que, según informes médicos aportados por la defensa, la salud de la ex presidenta se encuentra en buen estado y que la edad por sí sola no es suficiente para justificar la prisión domiciliaria. Ante esta postura, el presidente del TOF 2, juez Jorge Gorini, solicitará a la defensa su opinión sobre el dictamen fiscal antes de resolver. Mientras tanto, Cristina Kirchner confirmó que se presentará en Comodoro Py este miércoles para hacer efectiva su detención. Investigación sobre el inmueble solicitado para la domiciliaria El departamento donde Cristina Kirchner busca cumplir la condena está vinculado a la inmobiliaria familiar Los Sauces S.A., que se encuentra bajo la lupa de la justicia por presunto lavado de dinero. Según la causa, el inmueble fue adquirido mediante una operatoria financiera con CEDINES – bonos emitidos por el Estado para facilitar operaciones inmobiliarias – cuyo origen no pudo ser claramente justificado. La Justicia ya ordenó el embargo de esta propiedad y solicitó una nueva tasación para avanzar en el decomiso de bienes relacionados con el caso Vialidad, que asciende a 85.000 millones de pesos. Este contexto suma complejidad al pedido de arresto domiciliario, que ahora deberá evaluar con detenimiento el Tribunal Oral. Diario NORTE HOY Opinión pública El rechazo del pedido de prisión domiciliaria por parte del Ministerio Público Fiscal reafirma la postura de que ninguna persona, independientemente de su cargo o edad, está por encima de la ley. La decisión del TOF 2 será clave para definir un precedente en casos de alta relevancia política y judicial, en un momento donde la atención pública y mediática está en su punto máximo.